El PSOE de Molina de Segura denuncia que el gobierno del PP y VOX pretende destinar cerca de 400.000 euros al año a una televisión municipal “al servicio del alcalde” justo antes de las próximas elecciones municipales.
“No estamos hablando de un medio independiente ni plural. Estamos hablando de una televisión pagada con dinero público y dirigida políticamente desde Alcaldía”, afirma Isabel Gadea.
Además, el PSOE cuestiona la composición de la comisión de valoración del contrato y denuncia la presencia de personas vinculadas profesional y personalmente al entorno del gobierno municipal, que además cobrarán por esta labor.
“Es imposible no levantar sospechas cuando quienes tienen que valorar un contrato de este calibre mantienen relaciones de amistad o vínculos profesionales con el entorno más cercano del alcalde”, señala Gadea.
El contrato contempla un gasto de 799.999 euros para dos años, con posibilidad de prórroga hasta cuatro años y un valor estimado total que supera los 1,3 millones de euros.
Si el Ayuntamiento no tiene licencia y utiliza la de una empresa privada para emitir su “televisión municipal”, se está produciendo una gestión indirecta de un servicio público sobre una licencia privada, lo cual es una figura jurídicamente compleja y podría ser interpretada como una vulneración de la reserva de espectro para el sector público.
La licitación llega a las puertas del ciclo electoral y contempla una programación permanente con retransmisiones, magazines, entrevistas, contenidos institucionales y cobertura continua de la actividad del gobierno local.
“Mientras hay barrios con problemas de limpieza, aceras rotas y servicios saturados, PP y VOX prefieren gastar cientos de miles de euros en construir una televisión para hacerse propaganda”, denuncia Gadea.
El PSOE recuerda además que la valoración subjetiva alcanza 55 puntos sobre 100, dejando una parte decisiva del concurso en manos de una comisión designada por el propio Ayuntamiento.
Además, el propio pliego reconoce que el Ayuntamiento no dispone de licencia de TDT local, por lo que deberá recurrir a una empresa privada para emitir los contenidos, aunque manteniendo el control editorial desde el gobierno municipal.
“Lo que debería preocupar a cualquier demócrata es que un gobierno utilice dinero público para montar una estructura de comunicación bajo control político directo. Esto no va de información. Va de propaganda”, concluye Isabel Gadea.
