MOLINA DE SEGURA, 9 DE ENERO DE 2026 – El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) ha publicado la concesión directa de subvenciones a 29 ayuntamientos para la mejora de la gestión de residuos con cargo a fondos europeos Next Generation EU. A pesar de figurar en el listado, Molina de Segura ha quedado relegada frente a otros municipios que han presentado proyectos mucho más ambiciosos y mejor financiados para la sostenibilidad local.
El decreto regula ayudas para la implantación de la recogida de biorresiduos, textiles, aceite doméstico y la mejora de ecoparques. Sin embargo, el análisis de las cuantías revela que el equipo de gobierno de Molina de Segura ha desaprovechado la oportunidad de liderar esta adecuada gestión de residuos.
Isabel Gadea: “La falta de gestión nos sale muy cara a los molinenses”
La portavoz del PSOE en Molina de Segura, Isabel Gadea, ha calificado de “decepcionante” la gestión del equipo de gobierno del PP y Vox. Mientras otros municipios han logrado captar fondos significativos, Molina de Segura muestra una preocupante falta de iniciativa política.
“Es inaceptable que Molina de Segura no haya solicitado ni un solo euro para la Línea 2, destinada a la recogida de textiles y aceite de cocina usado”, denuncia Isabel Gadea. “Estamos viendo cómo municipios con menor población han presentado proyectos más sólidos. La incompetencia del alcalde para generar proyectos financiables nos está haciendo perder el tren de los fondos europeos”.
Comparativa de la desidia
Los datos publicados en el BORM reflejan la falta de ambición del actual equipo de gobierno en comparación con otros ayuntamientos de la Región:
- Molina de Segura ha solicitado 0,00 € para la Línea 2 (textiles y aceite).
- Municipios como Los Alcázares han captado 146.390,40 € en esa misma línea.
- En la inversión total, Molina se queda en 297.197 €, mientras que municipios como Alhama de Murcia superan los 516.000 € o Moratalla alcanza los 437.000 €.
Un plazo límite que agrava la situación
El PSOE advierte que estas subvenciones, financiadas al 90% por la Unión Europea, deben estar ejecutadas antes del 31 de mayo de 2026.
“No solo piden poco, sino que su falta de agilidad administrativa pone en riesgo incluso lo poco que han solicitado”, añade Gadea. “Exigimos que se dejen de excusas y empiecen a trabajar en proyectos serios que mejoren la vida de nuestros vecinos y cuiden nuestro medio ambiente sin que todo el coste recaiga en el bolsillo de los ciudadanos”.